La ONU lamenta en su documento que, desde que surgió la pandemia, los individuos de etnia china o asiática, o aquellos que pertenecen a determinadas minorías étnicas y religiosas, migrantes y extranjeros han sido vilipendiados y acusados de propagar el virus. En algunos casos, estas acusaciones se basan en información errónea y rumores; sin embargo, también han surgido una serie de casos más insidiosos de discurso de odio relacionados con el uso del COVID-19 para atacar a poblaciones ya marginadas. Las teorías de conspiración que atribuyen la propagación del virus a determinados grupos han alimentado el discurso discriminatorio, en algunos casos, resultando en crímenes de odio o discriminación contra ellos en la respuesta al COVID-19. Se ha observado también que, en no pocas ocasiones, los periodistas, las personas que están denunciando irregularidades, los y las profesionales médicos/as y de la salud, los/as defensores/as de los derechos humanos, también están siendo objeto de ataques ilegales como resultado de su trabajo a la hora de abordar o informar sobre la pandemia.
Según advierte la Organización, el fenómeno del discurso de odio relacionado con el coronavirus se extiende a través de los principales medios y mediante las redes sociales y plataformas tecnológicas online. Aunque a menudo se transmite por particulares, sus consecuencias son más graves cuando lo propagan líderes políticos, funcionarios públicos, líderes religiosos y otras personas influyentes, o cuando forma parte de los esfuerzos de determinados individuos o grupos para difundir el odio o incitar a la violencia.
De acuerdo con la guía, este discurso de odio surgido en el contexto de la pandemia tiene serias implicaciones a corto y a largo plazo. Hace que los destinatarios sean más vulnerables a la violencia, les expone a la exclusión política y social, al aislamiento y la estigmatización, les impide expresarse y participar en el debate público, obstaculiza su acceso a la atención médica y a otros servicios vitales. Consecuentemente, se incrementan los efectos desproporcionados de la enfermedad en ciertas comunidades y se exacerban las desigualdades sociales y económicas subyacentes, se agravan los impulsores del extremismo violento, al tiempo que socava la cohesión social, la solidaridad y la confianza necesarias para abordar eficazmente la propagación del virus.
Asimismo, puede desencadenar disturbios sociales y violencia intergrupal, facilitando las condiciones propicias para conflictos y crímenes atroces. Por lo tanto, alerta, el discurso de odio relacionado con el COVID-19 puede representar una amenaza para el disfrute de los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la paz y la seguridad internacionales.
Dado lo anterior, y como parte de los esfuerzos mundiales para responder a la pandemia, la ONU apela a la comunidad internacional a estar más vigilante y permanecer inequívoca al condenar el discurso de odio, promover mensajes de inclusión, actuar con solidaridad y sobre la base del derecho internacional de los Derechos Humanos, particularmente, la libertad de opinión y expresión y el derecho a la igualdad y la no discriminación.
La organización recuerda que, si bien los Estados miembros tienen la responsabilidad principal de abordar este discurso de odio surgido con el coronavirus, otros actores, especialmente las empresas de tecnología y medios sociales, los principales medios de comunicación y la sociedad civil, también juegan un papel importante. El sistema de las Naciones Unidas desempeña un rol fundamental, especialmente en el apoyo a los estados y otros actores para desarrollar y aplicar medidas que cumplan con los Derechos Humanos para abordar este discurso de odio.
En este sentido, establece en su guía una serie de recomendaciones complementarias a la Estrategia y el Plan de Acción de la ONU sobre Discurso de Odio– dirigidas a varios actores para abordar y contrarrestar el discurso de odio relacionado con el COVID-19, algunas de las cuales recogemos a continuación:
A Departamentos, Agencias, Fondos y Programas de las Naciones Unidas
-
Continuar enfatizando que defender la libertad de opinión y expresión es la piedra angular de las sociedades basadas en el estado de derecho, la democracia y los Derechos Humanos.
-
Condenar el discurso de odio relacionado con el COVID-19, expresando solidaridad con sus víctimas y apoyando a quienes desafían y contrarrestan tales expresiones.
-
Detectar, monitorear, recopilar datos y analizar tendencias en este discurso de odio, a nivel nacional y global para apoyar respuestas eficaces, de cara a desarrollar estrategias para identificarlo, abordarlo y contrarrestarlo, de acuerdo con la Estrategia y el Plan de Acción de las Naciones Unidas.
A los Estados Miembros
-
Mantener la libertad de buscar, recibir e impartir información como pieza clave para generar confianza en las medidas tomadas para contener la pandemia.
-
Asegurarse de que cualquier emergencia o medidas excepcionales, legislación o políticas tomadas en respuesta a la pandemia, se articulen y apliquen en cumplimiento del Derecho internacional de los Derechos Humanos.
-
Abordar y contrarrestar el discurso de odio relacionado con el COVID-19 públicamente y con celeridad: implementar una respuesta robusta de comunicación de crisis, garantizando que los mensajes sean coherentes durante la fase de respuesta a la pandemia y para mitigar el impacto de la crisis en la cohesión social y la resiliencia comunitaria.
-
Garantizar que la información precisa y verificada sobre la pandemia se difunda regularmente, con mensajes públicos sólidos contra el discurso de odio, la desinformación y las teorías de conspiración relacionadas con el coronavirus.
-
Asegurar que todas las comunicaciones públicas por parte de funcionarios estatales, especialmente declaraciones de altos funcionarios del Gobierno, con respecto al COVID-19 son: accesibles, precisas, completas, confiables, basadas en la evidencia, transparentes, disponibles en todos los idiomas que se hablan en la población e impartidas de manera oportuna, no atribuyendo la culpa o la responsabilidad por la aparición o propagación del virus a ninguna comunidad o grupo en particular, promoviendo la inclusión e impulsando a los miembros de diversas comunidades afectadas por el virus a trabajar juntos para prevenir la propagación.
-
Diferenciar el discurso de odio y las respuestas legales aplicables contra el mismo, del derecho a la libertad de opinión y expresión y el derecho de acceso a la información, incluido el libre flujo de información científica e ideas sobre el coronavirus. En este punto, la ONU resalta la trascendencia de respetar el derecho a la libertad de opinión y expresión, así como el derecho de acceso a la información, e insta a abstenerse de imponer medidas de censura a menos que no cumplan con los estándares internacionales de Derechos Humanos. En esta misma línea, apela a evitar el uso de la pandemia como pretexto para restringir ilegalmente el acceso de la sociedad a la información y la libertad de los medios, y recomienda participar activamente en medidas orientadas a la mejora del acceso a las redes, ofreciendo acceso gratuito, especialmente a grupos en situación de vulnerabilidad o marginación social.
-
Fomentar que la educación y la formación, especialmente en los centros educativos, incluso a través de plataformas online, aborden el discurso de odio y la desinformación relacionados con el COVID-19, mediante el pensamiento crítico, las habilidades sociales y emocionales y la participación responsable, a través de la educación para la ciudadanía y la educación en Derechos Humanos.
A medios sociales y empresas tecnológicas
-
Garantizar que sus políticas sobre el discurso de odio en sus plataformas sean claras, precisas y se expongan de manera accesible, transparente y comprensible, se desarrollen y apliquen de acuerdo con los estándares internacionales de la Ley de Derechos Humanos, impliquen una evaluación del contexto social y político, involucren a las comunidades más afectadas por el contenido identificado como discurso de odio, eviten la dependencia excesiva de la automatización (especialmente para la moderación de contenido donde existe la necesidad de un proceso de revisión humana), etc.
-
Monitorear la difusión del discurso de odio relacionado con el coronavirus en sus plataformas, evaluar cómo sus enfoques en respuesta impactan sobre los derechos humanos de sus usuarios, y hacer que dicha información esté disponible al público.
-
Eliminar el discurso de odio relacionado con la pandemia cuando sea una incitación a la hostilidad, la discriminación o la violencia, de conformidad con el Derecho internacional de los Derechos Humanos.
-
Colaborar con las partes interesadas relevantes, como las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, los ministerios y autoridades de salud y educación, organizaciones de la sociedad civil y grupos afectados, etc., para desarrollar y promover enfoques y campañas orientados a abordar y contrarrestar los discursos de odio relacionados con el COVID-19, así como la desinformación en sus plataformas.
A los medios de comunicación
-
Informar de manera proactiva y profesional sobre el discurso de odio, la desinformación y la discriminación relacionados con el coronavirus.
-
Apoyar sistemas eficaces de autorregulación para garantizar que se aplique una corrección o se emita una respuesta ante posibles redacciones e informes discriminatorios en el contexto de la pandemia.
-
Cumplir con los más altos estándares éticos y profesionales al informar sobre el COVID-19, hablando de la pandemia con precisión y sin prejuicios, utilizando la verificación de hechos, evitando los estereotipos así como las referencias innecesarias a factores como la raza, el origen étnico, la nacionalidad o la religión.
A la sociedad civil y otros grupos de interés
-
Las figuras influyentes en la sociedad (líderes políticos, sindicales, líderes de organizaciones no gubernamentales, líderes juveniles, figuras públicas y otras personas influyentes), deben hablar activamente contra el discurso de odio, las teorías de la conspiración y la desinformación relacionados con la epidemia, siendo fundamental que manifiesten su solidaridad con los grupos objetivo de tales expresiones y amplifiquen los mensajes orientados a reducir la discriminación y el estigma.
-
En línea con los estándares internacionales de Derechos Humanos, la sociedad debe colaborar con las partes interesadas relevantes, incluidos los gobiernos, las Naciones Unidas, las redes sociales y las empresas de tecnología, periodistas e instituciones académicas y expertos/as, etc., en iniciativas para analizar e informar sobre la naturaleza, magnitud e impactos del discurso de odio surgido en el contexto del COVID-19, así como en medidas legislativas y políticas destinadas a abordar tales expresiones, desarrollando respuestas que involucren a las comunidades más afectadas (por ejemplo, campañas en redes sociales).
Se puede descargar la guía desde la página Web de la ONU, o bien directamente a través del siguiente enlace:
United Nations Guidance Note on Addressing and Countering COVID-19 related Hate Speech
|