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Es probable que en España haya cada día miles de casos de acoso escolar que no se denuncian. Son diversas las razones que explican esta situación inaceptable: desde la ausencia de datos y de transparencia, hasta una formación insuficiente e ineficaz del personal docente y de otro tipo, pasando por una débil rendición de cuentas.
Con esta advertencia, Amnistía Internacional presenta su primer informe sobre acoso escolar en nuestro país, un documento a través del cual aborda en profundidad este grave problema, analizando Leyes y Políticas implementadas por el Gobierno Central y las Comunidades Autónomas, y basándose en la información proporcionada por todas las personas implicadas en estos procesos (esto es: madres y padres, adolescentes y jóvenes, así como profesionales del mundo académico, de la investigación y de la enseñanza, directores/as, orientadores/as escolares, psicólogos/as, organizaciones de voluntariado, sindicatos de docentes e inspectores/as de educación).
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Como bien señala la Organización, en línea con varios mecanismos de la ONU y las normas internacionales, el acoso escolar tiene efectos perjudiciales en el disfrute de los Derechos Humanos, incluido el Derecho a la Educación, la Salud y a un nivel de vida adecuado. De ese modo, cuando el impacto del acoso escolar en el disfrute de los derechos humanos no se aborda de forma holística, “el sistema educativo está incumpliendo sus obligaciones para con los niños y niñas y sus familias”.
A continuación, recogemos los principales resultados del estudio, y que ponen de relieve la necesidad de emprender medidas inmediatas de cara a hacer frente a esta problemática:
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La investigación de Amnistía Internacional muestra que las víctimas de acoso escolar suelen sentirse indefensas y creer que nadie está de su parte, que no cuentan con apoyo. Algunas se sienten desempoderadas sobre las decisiones que tendrán que tomar en el futuro, les preocupa lo que otras personas puedan pensar de ellas. Otras, muestran una enorme resiliencia y fuerza.
A tenor de las entrevistas realizadas y detalladas en este informe, muchos niños, niñas y adolescentes, pese a que suelen ser capaces de identificar el acoso escolar cuando les pasa a ellas o a sus iguales, prefieren no denunciarlo porque temen que sea inútil o incluso contraproducente.
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Entre las madres y padres, el sentimiento de culpa es profundo y común, con la sensación de no haber prestado suficiente atención a los avisos y quejas de sus hijos e hijas. La culpa tiene un efecto negativo en la autoestima de los progenitores.
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Las entrevistas y grupos focales con adolescentes y personas adultas jóvenes, muestran que la dimensión de género del acoso refuerza los papeles asignados a cada género y perpetúa las desigualdades de género. La presión del grupo para comportarse “como un niño/una niña” es una de las razones identificadas con más frecuencia, por la que se acosa a algunas personas adolescentes que no encajan con facilidad en las categorías construidas socialmente. El aspecto físico (se incluye aquí también la ropa y las marcas, ligadas al nivel socioeconómico) es un desencadenante clave, especialmente contra las niñas. La expectativa de comportamiento de acuerdo con los cánones de género supone una carga tanto para las niñas como para los niños.
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Los jóvenes que hablaron con Amnistía Internacional evidencian algo que los estudios y los docentes ya habían observado: los niños tienden a ser más físicos en el acoso, mientras que las niñas cometen un acoso más relacional y psicológico.
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El ciberacoso, concretamente, es percibido como una amenaza por los padres y madres y los profesores/as participantes en el estudio. Una preocupación que no es compartida con la misma importancia por niños, niñas y adolescentes. En este punto, Amnistía Internacional expresa su inquietud ante el hecho de que “varias de las personas que no se consideraban víctimas, normalizaban los insultos y la exclusión social en línea como algo cotidiano y no parecían estar abiertamente preocupadas por proteger su privacidad”. A este respecto, el profesorado admite que, sencillamente, no tienen conocimiento de la mayor parte del acoso escolar que se produce online.
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En opinión de Amnistía Internacional, las autoridades no están adoptando todas las medidas necesarias para proteger a niños y niñas, prevenir el acoso escolar y facilitar que se informe de todas las denuncias y quejas.
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El Plan Estratégico de Convivencia Escolar 2016-2020, no se ha implementado en su integridad: el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar, “que solamente existe nominalmente”, debería reunir información para realizar análisis, diagnósticos e intervenciones que puedan ser útiles para combatir el acoso escolar. La mayoría de los casos de acoso escolar identificados de forma preliminar por el Servicio de Atención Telefónica del Ministerio de Educación (900 018 018), no han sido denunciados a la inspección educativa.
Las formas no físicas de acoso, como los insultos, el hostigamiento y la exclusión social, suelen pasar desapercibidas y no se documentan en los cauces oficiales. Esto coincide con los testimonios de padres y madres, profesores/as, niños y niñas, adolescentes y personas adultas jóvenes, al afirmar que, en la práctica, los protocolos no ofrecen respuestas adecuadas a las formas no físicas de acoso escolar, es decir, «a las formas de hostigamiento de baja intensidad pero persistentes y a los insultos al/a la estudiante, su familia o su origen».
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Según el informe de actividades de 2017 del Servicio de Atención Telefónica, sólo el 3% de quienes llamaron reveló haber tenido conocimiento de dicho Servicio en el Centro de enseñanza. Los padres y madres, la mayoría del alumnado y parte del profesorado con los que habló Amnistía Internacional desconocían su existencia.
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El número de casos documentados por la inspección educativa es significativamente inferior a las cifras potenciales que sugieren los testimonios de padres, madres, niños y niñas. Los datos, cuando existen, no están desglosados por etnia, orientación sexual, identidad de género, nacionalidad, posición socioeconómica u otros motivos de discriminación, con la excepción ocasional de la edad y el sexo.
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El acoso escolar es un motivo de preocupación real para los/as profesores/as, psicólogos/as escolares, orientadores/as y directores/as que participaron en este estudio. Muchas de estas personas señalan que, a pesar de que la sociedad y las instituciones públicas (incluidas las Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas), prestan más atención que nunca, esta no es suficiente.
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Según los protocolos sobre acoso escolar, la inspección educativa tiene un papel importante. El centro educativo tiene la responsabilidad principal de decidir las medidas disciplinarias contra el/la acosador/a y la inspección debería intervenir en el seguimiento. Empero, en la actualidad, los docentes en general no esperan mucho de la inspección. Los/as directores/as reconocieron a Amnistía Internacional “que tienen miedo de las consecuencias negativas para su reputación si denuncian casos”, para justificar su preferencia a abordar el problema internamente.
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Los centros y las autoridades deberían confiar en niños, niñas y adolescentes en la prevención del acoso escolar y la identificación de soluciones. En esta misma línea, el informe subraya la eficacia de la ayuda entre iguales para prevenir el acoso escolar y abordar otras alteraciones de la convivencia escolar, avalada por los datos correspondientes a los lugares donde ya se ha implementado. Igualmente, considera que las autoridades y los centros educativos deberían implementar progresivamente sistemas de colaboración, equipos de ayuda, mediación, orientación, tutorías y otras formas de apoyo entre iguales en todos los centros.
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En línea con lo establecido por el Comité de los Derechos del Niño, el informe considera primordial fomentar el interés superior del niño o niña, incluyendo también aquí al acosador/a o agresor/a. Ha de darse prioridad a las medidas educativas -que estarán encaminadas a mejorar sus actitudes, competencias y conductas en la sociedad-, y deben tenerse en cuenta las condiciones de vida de los niños y niñas que han cometido actos de acoso escolar, para garantizar que ellos y ellas reciben igualmente la atención y el apoyo adecuados, junto con otros miembros de la familia afectados.
Amnistía Internacional concluye su informe manifestando que el acoso escolar “no es una cosa de niños y niñas”, sino que es responsabilidad de las personas adultas, siendo esencial el papel de las autoridades, los centros escolares y el profesorado para transmitir un mensaje claro de tolerancia cero.
Fruto de los datos obtenidos en su estudio, la Organización establece una serie de recomendaciones; entre ellas, insta al Ministerio de Educación que revise e implemente el Plan Estratégico de Convivencia Escolar en su integridad (lo que incluye convocar al Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar), y a informar a la Inspección Educativa de las comunidades autónomas de todos los posibles casos identificados por el Servicio de Atención Telefónica, así como a asegurarse de que el alumnado del grado de Educación Primaria y del máster de Educación Secundaria de todas las Universidades adquiere una base sólida sobre prevención del acoso escolar.
Asimismo, señala la relevancia de que centros escolares y profesorado garanticen que tanto el alumnado como las madres y los padres conocen el protocolo sobre acoso escolar, la línea de ayuda telefónica del Ministerio de Educación y cualquier otro mecanismo para denunciar casos de acoso (por ejemplo, “las redes sociales, que podrían ser más accesibles para niños y niñas, adolescentes y jóvenes”). Además, deben informar a las autoridades de todos los posibles casos de acoso, y asegurar que todo el profesorado recibe la formación adecuada para identificar y abordar estos casos, y fomentar una cultura escolar de respeto, diversidad e igualdad.
Se puede acceder al informe completo desde la página Web de Aministía Internacional, o bien directamente a través del siguiente enlace:
Hacer la vista… ¡gorda! El acoso escolar en España, un asunto de Derechos Humanos
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