En este contexto, son diversos los estudios que han analizado el rol de la pobreza y las privaciones socioeconómicas en la aparición y exacerbación de los problemas de salud mental. A este respecto, análisis recientes evidencian altos niveles de prescripción y uso de medicamentos en comunidades de bajos ingresos, con áreas urbanas y rurales más pobres. De forma específica, la prescripción de medicamentos para el alivio de la tristeza (asociada a menudo con desafíos relacionados con la pobreza), también ha aumentado considerablemente.
Para los autores del estudio, de lo anterior se podría deducir que se está avanzando hacia la paridad de estima entre la salud mental y física en términos de acceso a los servicios, calidad de la atención y asignación de recursos, y parecería una señal de que el estigma de la salud mental ha disminuido, de modo que más personas se sentirían cómodas pidiendo ayuda para tratar la depresión y la ansiedad.
Sin embargo, son numerosas las opiniones que afirman lo contrario y manifiestan una preocupación expresa en torno a las tendencias de prescripción, señalando que estas podrían ser parte de un cambio cada vez mayor hacia la patologización y medicalización de situaciones vitales particularmente difíciles. Tales preocupaciones, señalan los autores, se ven amplificadas “por los bajos índices de efecto de los medicamentos antidepresivos para la depresión leve a moderada, y la asociación de estos medicamentos con una amplia gama de efectos secundarios potencialmente dañinos”.
A continuación, recogemos las principales conclusiones de esta investigación:
Estigma y juicio moral
Las personas pertenecientes a niveles socioeconómicos bajos sienten que los desafíos de la pobreza y las privaciones se han intensificado en los últimos años, debido, principalmente, a la falta de oportunidades de empleo, un aumento de los contratos inseguros, problemas de vivienda, aislamiento social, etc. Estas circunstancias se asocian ampliamente con el incremento de los problemas de salud mental.
De acuerdo con los datos del estudio, se identifican tres tipos de narrativa interrelacionados, que influyen en la forma en que las personas experimentan problemas de salud mental y el tipo de respuesta de pacientes y médicos:
- Una «narrativa neoliberal», en la que los demás consideran que las personas con dificultades tienen problemas sociales o de conducta que deben atender, para ser considerados “ciudadanos responsables”. Este tipo de narrativa puede provocar culpabilidad e indefensión entre las personas con estas problemáticas.
- Una «narrativa vergonzosa», en la que se opina que quienes “no contribuyen a la sociedad participan en un comportamiento imprudente e irresponsable”. Esto también conduce al temor a ser juzgado, y puede conllevar la evitación de búsqueda de ayuda.
- Una «narrativa de medicalización», en la que los problemas de salud mental se consideran un problema médico que requiere intervención médica.
Estas narraciones, solas y en combinación, tienen una serie de impactos negativos en las formas en que la sociedad entiende y responde a los problemas de salud mental relacionados con la pobreza, impactan en el comportamiento y la identidad propia de las personas que presentan estos problemas y reducen su confianza y su voluntad para buscar apoyo.
Estresores sistémicos
Las personas que viven en comunidades de bajos ingresos suelen sentir que son encasillados en un “enfoque de déficit”, en el cual la privación material se equipara a la inadecuación y la imprudencia. Los participantes en el estudio perciben que se les culpa continuamente por sus circunstancias de la vida, con comentarios negativos frecuentes con respecto a su dieta y sus habilidades de crianza de los hijos/as, e incluso en relación con circunstancias ajenas a su control directo, por ejemplo, el estado de su vivienda.
Según admiten, las narrativas de responsabilidad impregnan muchos aspectos de su vida cotidiana, sintiéndose avergonzados y juzgados por otras personas, con un consecuente impacto negativo en su autoestima y bienestar mental. Las principales fuentes clave de moralización y juicio señaladas por los entrevistados, provienen del personal de los centros de trabajo, los trabajadores sociales y de salud, centros educativos y, aunque en menor medida, de los médicos de familia. Se considera que una fuente adicional e importante de juicio proviene de la propia comunidad.
Como consecuencia, en diversas ocasiones, las personas han moderado conscientemente el modo en que se presentaban ante los demás, de cara a evitar ser juzgados negativamente: la forma en que hablaban, se comportaban y se vestían, de acuerdo con lo que se consideraba “socialmente aceptable”. Asimismo, han restringido su participación en actividades de ocio, como ir al cine o tomar unas breves vacaciones, pensando que el gasto económico en dichas actividades podría atraer críticas de otros.
La participación en el Sistema de bienestar social británico se describe como deshumanizante, constituyendo una fuente clave de estrés. Los entrevistados revelan haber sentido que no se les creía, y que se ignoraban sus explicaciones.
El proceso de evaluación de la capacidad de trabajo y su enfoque en «trabajar a cualquier coste» (generalmente en trabajos mal pagados, con contratos inseguros o de cero horas), se considera especialmente estresante para los evaluados, admitiendo haber llegado incluso a autolesionarse y a tener pensamientos suicidas como consecuencia del estrés experimentado.
Los médicos de familia entrevistados durante el estudio estiman que, entre el 10% y el 50% de sus pacientes, acudían a consulta por problemas sociales/estructurales más que por problemas médicos per se.
Insatisfacción con el modelo médico
Ante las dificultades para sobrellevar la situación socioeconómica, la mayoría de las personas admite haber buscado ayuda médica. Al no saber a dónde acudir para obtener la ayuda, sus familiares y amigos les habrían alentado a ver a un médico de familia. Según el informe, la naturaleza misma de los entornos clínicos se traduce en “un incremento de la probabilidad de que los problemas de salud mental relacionados con la pobreza sean medicalizados”.
Las personas afirman haberse sentido presionadas “para legitimar su angustia” a familiares y amigos -que les alentaron activamente a buscar ayuda médica-, así como a proveedores de servicios, viendo el diagnóstico de salud mental “como una necesidad para permanecer dentro del Sistema de Bienestar”.
Los datos muestran que, junto a la creciente medicalización de los problemas de salud mental, hay una insatisfacción generalizada entre médicos y pacientes con el modelo médico actual de la salud mental.
Medicamentos antidepresivos
El uso de medicamentos antidepresivos entre los participantes del estudio es elevado. De los entrevistados, al 81% se les recetó medicamentos antidepresivos en algún momento de sus vidas, y únicamente un 7% rechazó este tratamiento cuando se les ofreció.
Ante la prescripción de antidepresivos, muchos participantes reconocen haber pensado que los médicos “no tenían tiempo ni recursos para escuchar y responder adecuadamente a sus necesidades”.
De hecho, los médicos entrevistados en el estudio admiten que, a menudo, recetar medicamentos constituía una “solución parche” –en algunas ocasiones, para dar respuesta inmediata a las necesidades de los pacientes-, y afirman que tenían pocas opciones viables disponibles. En este sentido, el informe advierte de que la mayoría de los médicos entrevistados ha prescrito medicamentos porque “son una opción más fácil y más realista para los pacientes con necesidades complejas, que requieren menos aportación, compromiso y trabajo para este grupo que la Psicoterapia, incluso pese a reconocer que no resolverían estas necesidades ni los problemas que causaban la angustia”.
Los pacientes recuerdan que, en su momento, expusieron sus dudas sobre la eficacia de los medicamentos antidepresivos y su preocupación por la posible dependencia de la medicación y sus efectos secundarios, y valoraron la opción de asistir a terapias de conversación (Psicoterapia).
Terapias de conversación (Psicoterapia)
La mayoría de los participantes pertenecientes a comunidades de bajos ingresos, identifican una serie de barreras logísticas y socioculturales disuasorias a la hora de acceder a la intervención en Terapias de Conversación, dentro del programa de Mejora del acceso a terapias psicológicas (IAPT), tales como los largos tiempos de espera, la renuencia a hablar con un extraño o ante un grupo y las dificultades logísticas para poder acudir a las citas, entre otras. Esta última, es un problema particular mencionado por aquellas personas con contratos de empleo inseguro/cero horas, y aquellas que están al cuidado de niños.
Prescripción social
Ningún entrevistado señala haber recibido prescripción social por parte del médico de familia. La prescripción social es una herramienta que permite al personal de Atención Primaria remitir a las personas a una serie de recursos locales no clínicos, partiendo de la base de que la salud está determinada también por factores sociales, económicos y ambientales.
En esta línea, los médicos de familia participantes en el estudio subrayan la utilidad de contar con información actualizada sobre las actividades, los servicios de apoyo y asesoramiento disponibles en la localidad, para poder recomendárselos a los pacientes. De hecho, el estudio subraya la existencia de pruebas sólidas en cuanto a los beneficios de participar en grupos y actividades informales de la Comunidad, y la influencia de los mismos en la mejora de la salud mental y el bienestar.
En relación con las conclusiones de este estudio, la Directora principal del mismo, ha manifestado su preocupación ante el hecho de que el estrés diario causado por aspectos socioeconómicos se está volviendo “cada vez más patologizado y medicalizado”.
Se puede acceder al estudio desde la página Web del Proyecto, o bien directamente a través del siguiente enlace:
De Stress Project. Poverty, pathology and pills