El pasado mes de marzo, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General de Canadá presentaron un Proyecto de Ley, a través del cual proponen penalizar la terapia de conversión, tipificándola dentro del Código Penal.
Tal y como definen, la terapia de conversión es una práctica que busca cambiar la orientación sexual de un individuo hacia la heterosexualidad, reprimir o reducir la atracción no heterosexual o los comportamientos sexuales, o cambiar la identidad de género de un individuo para que coincida con el sexo que le asignaron al nacer.
A este respecto, en línea con múltiples asociaciones y organizaciones profesionales y con la evidencia científica, recuerdan que esta práctica es perjudicial para las personas LGTBIQ, especialmente los menores. En este sentido, ponen de relieve los resultados de una encuesta llevada a cabo en Canadá (Encuesta Sex Now), cuyos datos correspondientes a 2011-2012 revelaban una asociación directamente proporcional entre la exposición a la terapia de conversión y resultados negativos para la salud psicológica, como la soledad, el consumo regular de drogas ilícitas, la ideación suicida y el intento de suicidio.
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Los resultados provisionales de esta encuesta para los años 2019-2020, indican además que 1 de cada 5 hombres LGTBIQ se ha sometido a una terapia de conversión.
La legislación propuesta definiría la terapia de conversión como cualquier servicio, práctica o tratamiento diseñado para cambiar la orientación sexual de una persona a heterosexual, la identidad de género a una que coincida con el sexo asignado al nacer, o para reprimir o reducir la atracción sexual no heterosexual o los comportamientos sexuales no heterosexuales.
En base a lo anterior, se contemplan 5 nuevos delitos dentro del Código Penal canadiense:
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Causar que un menor se someta a terapia de conversión (un delito híbrido con una pena máxima de 5 años de condena).
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Llevarse a un menor de Canadá para someterse en el extranjero a una terapia de conversión (un delito híbrido con una pena máxima de 5 años).
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Hacer que una persona se someta a una terapia de conversión en contra de su voluntad (un delito híbrido con una pena máxima de 5 años).
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Extraer beneficios de proporcionar terapia de conversión (un delito híbrido con una pena máxima de 2 años de condena).
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Anunciar una oferta para ofrecer terapia de conversión (un delito híbrido con una pena máxima de 2 años).
Este Proyecto de Ley autorizaría también a los tribunales a ordenar la incautación de anuncios de terapia de conversión o su eliminación de los sistemas informáticos o de Internet.
Entre estos delitos, no se incluirían las conversaciones privadas en las que se manifiesten opiniones personales sobre orientación sexual, sentimientos sexuales o identidad de género.
Igualmente, si bien el Código Penal de Canadá no cuenta actualmente con un delito que aborde la terapia de conversión, sí pueden aplicarse algunos delitos existentes, dependiendo del caso en particular. Por ejemplo, cuando la terapia de conversión se proporciona a través de prácticas coercitivas, pueden aplicarse los delitos de: secuestros, confinamiento forzado y asalto. Por ende, puede aplicarse el delito de fraude cuando se cobran tarifas por la terapia de conversión, al considerar que la promesa de cambiar la orientación sexual o la identidad de género de una persona constituye un acto deshonesto, dado que priva a una víctima de su dinero cuando paga la terapia. Finalmente, la literatura que aboga por la terapia de conversión podría equivaler a una promoción deliberada del odio, dependiendo de su contenido.
Según ha señalado el Gobierno canadiense, la reforma del derecho penal proyectada supone un paso importante que protegerá aún más la dignidad de las personas LGBTIQ y promoverá sus derechos de igualdad. Asimismo, se ha comprometido a trabajar con las provincias, territorios, municipios y todas las partes interesadas para “poner fin a la práctica nociva” de la terapia de conversión y garantizar que Canadá sea un país donde todos, independientemente de su expresión de género, identidad de género u orientación sexual, puedan vivir libres de discriminación.
En nuestro país, lamentablemente, aún siguen practicándose este tipo de terapias que prometen “curar” la homosexualidad, considerándola como una enfermedad, aun cuando la OMS dejó de considerarla como tal en el año 1990. A este respecto, el Consejo General de la Psicología de España emitió un comunicado a través del cual, mostraba su acuerdo total con la postura adoptada por la American Psychological Assotiation (APA) en 2009, en la que se declaraba del todo inadmisible que los profesionales de la salud mental indicaran, instaran o hicieran creer a sus pacientes que es posible modificar su orientación sexual y convertirse en heterosexuales mediante algún tipo de intervención terapéutica o tratamiento. De hecho, el COP recordaba que dicha declaración tiene como base 83 estudios acerca del cambio de orientación sexual que llevan a concluir que no existe ninguna evidencia científica de que una persona homosexual pueda dejar de serlo, más bien por el contrario, los fallidos esfuerzos por conseguirlo suelen derivar en problemas de ansiedad, depresión y suicidio.
Actualmente, en España son cinco las Comunidades Autónomas que prohíben estas prácticas a través de sus correspondientes legislaciones específicas en materia LGTBIQ (Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Aragón, Comunidad Valenciana y Andalucía). Con el fin de erradicarlas completamente, el Gobierno ha adelantado la creación de una Ley nacional contra la Discriminación de las Personas de la comunidad LGTBI, que incluya la prohibición de estas terapias homófobas, rechazándolas rotundamente por “carecer de base científica”.
Con esta nueva ley, España se uniría, junto con Canadá a otros países que ya han prohibido estas prácticas como Malta, Alemania, Brasil o Ecuador, entre otros.
Fuente: Proposed changes to Canada’s Criminal Code relating to: Conversion Therapy