Dentro de este “fracaso colectivo”, un mensaje importante es que, sin abordar los derechos humanos con seriedad, “cualquier inversión en salud mental no será efectiva”.
Según manifiesta Pūras, en todo el mundo, los sistemas de salud mental están dominados por un modelo biomédico reduccionista, que utiliza la medicalización para justificar la coerción como una práctica sistémica y califica las diversas respuestas humanas a los determinantes sociales y subyacentes nocivos (como las desigualdades, la discriminación y la violencia) como «trastornos» que necesitan tratamiento. En ese contexto, advierte, “los principios fundamentales de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad se ven socavados y descuidados”. Este enfoque ignora la evidencia de que las inversiones efectivas deberían apuntar a poblaciones, relaciones y otros determinantes, en lugar de individuos y sus cerebros.
El informe apunta a la dinámica de poder emergente dentro de la profesión psiquiátrica como un factor que ha contribuido a reforzar el status quo dominado por el paradigma biomédico. Sin embargo, cada vez más miembros de la comunidad psiquiátrica en todas las regiones están rompiendo con este status quo, en apoyo de un cambio de paradigma basado en los derechos. A este respecto, el Relator Especial considera preocupante “ver cómo la profesión psiquiátrica convencional (y dominante) y su liderazgo desestiman esas voces”. Concretamente, señala cómo “a pesar de la ausencia de marcadores biológicos para cualquier condición de salud mental”, la psiquiatría ha reforzado la comprensión biomédica de la angustia emocional.
En este contexto, recuerda que la combinación de un modelo biomédico dominante, las asimetrías de poder y el amplio uso de prácticas coercitivas mantienen a las personas no solo con problemas de salud mental, sino también a todo el campo de la salud mental, como “rehenes” de los sistemas obsoletos e ineficaces. Ante esto, apela a los Estados y otras partes interesadas, específicamente el grupo profesional de la Psiquiatría, a reflexionar críticamente sobre esta situación y unir fuerzas “que ya están en camino de abandonar el legado de los sistemas basados en la discriminación, la exclusión y la coerción”.
El Relator Especial subraya la importancia de contar con pautas basadas en la evidencia, si bien alerta sobre los ensayos controlados aleatorios que se llevan a cabo principalmente en intervenciones farmacológicas y a menudo son financiados por la industria farmacéutica, lo que, a su juicio, puede sesgar las recomendaciones de tratamiento hacia los medicamentos.
De acuerdo con su informe, el discurso global sobre la salud mental sigue dependiendo de un enfoque en el que se utilizan las etiquetas de «loco o malo» y de las leyes, prácticas y actitudes que dependen excesivamente de la idea de que la atención a la salud mental se trata principalmente de prevenir conductas que pueden ser peligrosas o requieren intervenciones basadas en la atención médica. Por el contrario, aquellos que abogan por enfoques basados en los derechos infundidos por los principios modernos de salud pública y la evidencia científica, desafían el enfoque señalado en líneas anteriores como obsoleto, discriminatorio e ineficaz.
Especial atención debe prestarse al fenómeno de la sobremedicalización, que plantea importantes preocupaciones sobre los derechos humanos y presenta desafíos para la promoción y protección del derecho a la salud. La medicalización se produce cuando una diversidad de comportamientos, sentimientos, afecciones o problemas de salud se «definen en términos médicos, se describen utilizando un lenguaje médico, se comprenden mediante la adopción de un marco médico o se tratan mediante una intervención médica».
Para el Relator Especial, el proceso de medicalización se asocia a menudo con el control social, ya que sirve “para imponer límites alrededor de comportamientos y experiencias normales o aceptables”, alimentando el reconocimiento erróneo de fuentes legítimas de angustia y produciendo alienación. Asimismo, su uso corre el riesgo de legitimar las prácticas coercitivas que violan los derechos humanos y pueden afianzar aún más la discriminación contra los grupos que ya se encuentran en situación de vulnerabilidad. Según sus palabras, “la forma en que se utiliza el «tratamiento» o la «necesidad médica» para justificar la discriminación y la injusticia social es preocupante”.
El informe realiza una advertencia sobre el riesgo de medicalización que afianza aún más los abusos de derechos contra las personas que usan drogas. En este sentido alerta de las respuestas medicalizadas para abordar la adicción (particularmente cuando se enmarcan como una enfermedad), dado que pueden reflejar prácticas coercitivas paralelas, detención, estigmatización y la falta de consentimiento en los enfoques criminalizados.
Asimismo, subraya la existencia de una tendencia internacional general hacia el aumento de las tasas de prescripción psicotrópica para niños y adolescentes (así como para adultos) para el control conductual y social. A este respecto, el informe advierte: “exponer a los niños innecesariamente a medicamentos psicotrópicos socava el derecho a la salud”.
El Relator Especial acoge con beneplácito las acciones emprendidas por algunas organizaciones en el campo de la salud mental infanto-juvenil, contra la medicalización excesiva y dirigidas a desarrollar servicios de atención de salud mental para niños y adolescentes que eviten las medidas coercitivas y el uso excesivo de medicamentos psicotrópicos. En esta línea, considera relevante capacitar a profesionales de la salud mental y educar a la sociedad en general para comprender que los medicamentos psicotrópicos no son opciones de tratamiento de primera elección efectivas en la atención de la salud mental de niños y adolescentes, y que el uso excesivo de psicofármacos no cumple con el derecho a la salud.
El informe resalta también el incremento de literatura que sugiere un incremento en el uso de restricciones químicas en personas mayores, especialmente en centros residenciales. Tal y como alerta, muchos de estos centros de atención a mayores patologizan los síntomas asociados con el envejecimiento y usan medicamentos sedantes y antipsicóticos en personas mayores como restricciones químicas. Esta tendencia es incompatible con un enfoque de derechos humanos y señala una clara necesidad de aumentar los recursos para proporcionar personal adecuado y ofrecer apoyo centrado en la persona. Sin embargo, lo más importante es la necesidad de promover las condiciones y los recursos sociales que fomentan el envejecimiento saludable y desarrollar políticas y asignar recursos que permitan a las personas mayores permanecer integradas en sus comunidades.
Por otro lado, el Relator Especial hace referencia a la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud, afirmando que, a diferencia de otros problemas de salud física (como, por ejemplo, la meningitis bacteriana) para los cuales existen medicamentos esenciales (por ej., antibióticos), actualmente se desconoce la fisiopatología de los problemas de salud mental y los mecanismos específicos por los cuales los medicamentos psicotrópicos pueden ser efectivos. Aunque se ha avanzado mucho en términos de comprensión de la farmacocinética y farmacodinámica de los antidepresivos y los medicamentos antipsicóticos, afirma, “su efectividad no es comparable a la amoxicilina para una infección bacteriana”.
Así, advierte, la lista de la OMS “puede reforzar inadvertidamente las prácticas coercitivas” porque se basa en la suposición de que las personas diagnosticadas con problemas de salud mental requieren medicamentos como tratamiento de primera elección, lo que socava su propia percepción de su angustia, así como el hecho de que, para la mayoría de los problemas de salud mental, las intervenciones psicológicas y sociales deben considerarse como la opción «esencial» para el tratamiento.
El informe apela a la OMS para que revise su lista actual de medicamentos esenciales para la salud mental, con miras a eliminar aquellos para los cuales no hay evidencia de un perfil adecuado de riesgo/beneficio. De forma específica, insta a la Organización a reconsiderar la inclusión de 12 medicamentos para el tratamiento de los «trastornos» psicóticos, los «trastornos» del estado de ánimo, “trastornos” de ansiedad y «trastornos» obsesivo-compulsivos.
Al momento de redactar este informe, el mundo enfrenta una nueva amenaza global para la salud pública: la pandemia del COVID-19, que se está abordando mediante esfuerzos concertados de los Estados y otras partes interesadas. En palabras de Dainius Pūras, “las medidas para contener la propagación del virus han incluido numerosas restricciones sobre ciertos derechos y libertades”. Si bien el impacto de la pandemia, sus efectos y medidas aún no se han explorado por completo, se prevén desafíos importantes relacionados con la salud mental, que deben tenerse en cuenta. Además, incide en que la pandemia brinda a la comunidad mundial una oportunidad única de demostrar voluntad política para alejarse de la medicalización e institucionalización en la atención de la salud mental.
El Relator Especial finaliza su informe, estableciendo una serie de recomendaciones basadas en todo lo expuesto, dirigidas a los Estados, a la Organización Mundial de la Salud y a las organizaciones que representan a la profesión psiquiátrica.
Se puede acceder al informe desde la página Web de la ONU o bien directamente a través del siguiente enlace:
Right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health