“Los últimos diez años representan una década perdida en términos de inversión sanitaria en España y una vulneración del derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”.
Con esta introducción, Amnistía Internacional presenta un informe a través del cual analiza el impacto negativo de las medidas de austeridad impuestas en el Sistema Nacional de Salud en nuestro país y recoge una serie de recomendaciones orientadas a reforzarlo para poder dar respuesta a un previsible incremento de la demanda asistencial, tanto a corto como a largo plazo.
Tal y como advierte la Organización, en los últimos diez años ha habido una reducción preocupante en la inversión sanitaria y otros indicadores relacionados, mientras que el Producto Interior Bruto ha subido un 8,6% entre 2009 y 2018.
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Concretamente, en atención primaria, el gasto se ha reducido aún más que en otros servicios, “desoyendo las recomendaciones de la OMS” -que en los últimos años ha instado a los Estados a basar los sistemas de salud en los principios de una sólida atención primaria y de la cobertura universal, estimando que, a lo largo de la vida de una persona, la atención primaria puede satisfacer la mayoría de sus necesidades de salud-, y a pesar de que España ha firmado y ratificado tratados internacionales y declaraciones basados en el fortalecimiento de la atención primaria de la salud como el enfoque más inclusivo, eficaz y efectivo para la mejora de la salud física y mental de las personas.
El informe alerta del grave deterioro en la accesibilidad, asequibilidad y calidad de la asistencia sanitaria en nuestro país, ocasionado por las medidas de austeridad impuestas en el Sistema Nacional de Salud, así como del enorme sufrimiento que han generado, especialmente en las personas de rentas más bajas, y dentro de este grupo, en aquellas “con enfermedades crónicas, las personas con discapacidad, las que reciben tratamiento de salud mental y las personas mayores”.
Todo lo anterior ha debilitado los sistemas sanitarios, que actualmente no cuentan con la dotación suficiente para poder responder con eficacia y rapidez a la intensidad de la actual pandemia del COVID-19. Por ello, Amnistía Internacional subraya la necesidad de garantizar que el Sistema Nacional de Salud cuente con los recursos adecuados y pueda dar respuesta al desafío actual y futuro.
Para tal fin, considera primordial que España adopte una estrategia de refuerzo del SNS desde el respecto a los derechos humanos y la garantía de protección de todas las personas. En esta línea, y teniendo en cuenta la actual situación de pandemia por COVID-19, con un más que previsible rebrote, recomienda a las autoridades sanitarias centrales y autonómicas implementar una serie de medidas, entre ellas las siguientes:
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El derecho a la salud “sigue estando en riesgo en España”. Las autoridades deben dar prioridad urgente al incremento de la financiación al Sistema Nacional de Salud, para asegurar el cumplimiento progresivo de este derecho.
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Emprender una evaluación del impacto en los derechos humanos, de forma previa a cualquier futura medida destinada a mejorar la rentabilidad y la eficacia de los sistemas de salud autonómicos, garantizando la adecuada participación y consulta de los grupos afectados con respecto a la forma en que tales medidas se desarrollan y aplican.
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Dar cumplimiento a las recomendaciones de la OMS y priorizar en la asignación de recursos la inversión en la atención primaria, reforzando así su capacidad de asistencia, a través de la contratación de más recursos humanos y medios materiales.
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Garantizar mecanismos de consulta y participación efectiva del sector profesional sanitario y de la población afectada, teniendo en consideración sus propuestas a la hora de diseñar una estrategia de refuerzo del SNS.
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Reforzar los mecanismos de rendición de cuentas ante potenciales medidas de restricción de gasto sanitario que puedan tener impacto en los DDHH.
En relación con la mejora de la atención primaria de la salud, el Consejo General de la Psicología ha venido poniendo de relieve una necesidad también primordial: la de reforzar este primer nivel asistencial de la salud con psicólogos clínicos que acerquen la intervención al lugar de residencia del ciudadano y que prioricen las intervenciones grupales para incrementar su eficiencia. Esta medida es especialmente importante dado que la mayor parte de los motivos de consulta en AP son por problemas psicológicos, y más aún, teniendo en cuenta el contexto actual en el que nos encontramos y el previsible crecimiento de la demanda asistencial en salud mental como consecuencia de la situación de pandemia, que podría sobrecargar los niveles de salud mental especializada de forma insostenible.
Se puede acceder al informe desde la página Web de Amnistía Internacional o bien directamente a través del siguiente enlace:
Mapa de austeridad del gasto sanitario en España del 2009 al 2018