El informe surge ante la preocupación de Mental Health Europe frente a la falta de transparencia en la relación entre la industria farmacéutica con los profesionales de la salud, las organizaciones de salud y las organizaciones de pacientes, así como la influencia indebida que puede ejercer la industria farmacéutica sobre la atención médica, y que, en palabras de la organización, podría conllevar riesgos sustanciales para la salud pública, principalmente entre los pacientes y los usuarios de los servicios de salud mental.
Esta influencia, según MHE, puede perjudicar la calidad de la atención médica, derivando en conductas prescriptivas inadecuadas, sobremedicación y/o uso no indicado de medicamentos, resultados sesgados en las investigaciones y en las Pautas de Práctica Clínica, conflictos de intereses, decisiones de reembolso sesgadas, etc. De forma específica en el campo de la salud mental, la problemática expuesta ha contribuido, a su juicio, a un exceso de confianza en el modelo puramente biomédico, traduciéndose en una medicación excesiva y una dependencia preocupante de las drogas como la principal forma de tratamiento en salud mental, junto con la toma de decisiones no éticas y parciales en este ámbito de la salud.
Como bien indica el informe, si bien el sector de la salud mental está particularmente afectado por la falta de transparencia (dado que limita el apoyo disponible para los usuarios de estos servicios), el problema afecta a todo el sector de la salud. La mayoría de los riesgos como, por ejemplo, la sobremedicación, son de naturaleza universal. De hecho, los datos aportados por la MHE revelan que recibir la visita de representantes farmacéuticos es uno de los factores de mayor impacto en las conductas de prescripción de los médicos. Las cifras muestran también que la tasa de recetas aumenta después de que los psiquiatras han visto a un representante o han recibido muestras gratuitas.
Otros datos recogidos por la organización en su documento, y que apoyan su preocupación ante la posible influencia de la industria farmacéutica sobre el sistema de salud, son los siguientes: el uso no indicado de medicamentos (off-label use) esto, es, medicamentos prescritos sin que conste ningún tipo de recomendación en cuanto al uso o y/la dosis- (una práctica que representa un riesgo para la seguridad del paciente, especialmente sin una evidencia que la apoye), y el hecho de que, en ocasiones, los representantes farmacéuticos difundan afirmaciones exageradas sobre el uso seguro de un determinado medicamento e informen incorrectamente a los profesionales de la salud sobre determinadas terapias, de una manera que es favorable para los productores de fármacos. Asimismo, advierte que durante los cursos formativos patrocinados por algunas farmacéuticas, se reduce la información referente a las alternativas a la medicación. Esto se puede observar especialmente en la psiquiatría, donde, en opinión de la MHE, existe una preocupante dependencia de la medicación como la principal forma de tratamiento para la salud mental. Esta relación desequilibrada, afirma, puede reforzar una concepción biológica estrecha de la naturaleza de la salud mental, que subestima los efectos adversos de las drogas psiquiátricas.
En este sentido, los autores del informe lamentan el escaso apoyo para promover alternativas al tratamiento farmacológico y reformar la atención a la salud y a la salud mental de acuerdo con las normativas relativas a los Derechos Humanos, especialmente las articuladas en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (CRPD- Convention on the Rights of Persons with Disabilities) de la ONU. Con respecto a la salud mental, deploran que se esté evitando el desarrollo de enfoques no médicos, al difundir y apoyar el mito de un desequilibrio químico como la causa de la depresión y la psicosis, reproduciendo, en esta misma línea, las palabras del relator especial de la ONU, Dainius Pūras, sobre el derecho a la salud: «la mayoría de las inversiones en salud mental en países de ingresos bajos, medios y altos financian de manera desproporcionada los servicios basados en el modelo biomédico de psiquiatría», y «se nos ha vendido el mito de que las mejores soluciones para abordar los problemas de salud mental son los medicamentos y otras intervenciones biomédicas».
La falta de transparencia puede afectar igualmente a la relación entre los profesionales de la salud con sus pacientes, con un gran impacto psicológico en los mismos, particularmente en lo que respecta a la información que reciben sobre los tratamientos y las opciones existentes. Siendo las partes interesadas más vulnerables (especialmente en el caso de los pacientes psiquiátricos), están sujetos a posibles efectos adversos que desconocen, e incluso, pueden perder su salud y su vida. Esto genera una actitud de desconfianza hacia los profesionales de la salud y, como resultado, los usuarios pueden evitar y negar la evaluación médica y el tratamiento, pese a ser necesario en algunos casos. De este modo, los profesionales de la salud pierden su credibilidad y, finalmente, también la pierden las empresas farmacéuticas.
A pesar de todo lo anterior, la MHE se muestra optimista ante el incremento que se ha dado en los últimos años, en cuanto a la transparencia de las relaciones financieras entre la industria farmacéutica y los profesionales de la salud en Europa, y que ha ayudado a arrojar algo de luz sobre el alcance y la naturaleza de tales relaciones. A este respecto, los datos indican que en el Reino Unido, las compañías farmacéuticas gastan 128,4 millones de libras (aproximadamente 146 millones de euros) en pagos y otros beneficios en especie para profesionales de la salud y organizaciones de este ámbito. Concretamente en España, se observa que solo en 2017, las compañías farmacéuticas españolas pagaron más de 182 millones de euros a profesionales de la salud en honorarios por servicio o patrocinio, mientras que las organizaciones de salud (por ejemplo, sociedades médicas) recibieron más de 130 millones de euros.
A razón del informe, se pone de manifiesto el rol crucial de la transparencia en todos los niveles, para asegurar la calidad y seguridad adecuadas de los servicios prestados a todos los usuarios. Por este motivo, y de cara a alcanzar este objetivo, expone una serie de recomendaciones, tales como el desarrollo de leyes vinculantes en toda Europa (que garantizaría una cooperación totalmente transparente entre todos los actores implicados en el sector de la salud [mental]), la obligatoriedad de que se divulgue la información sobre la cooperación financiera entre ambas partes, el establecimiento de sólidos mecanismos de difusión y monitorización junto con actividades formativas, la creación de conciencia sobre los conflictos de intereses en la formación y la práctica médica, o la investigación imparcial en ciencias de la salud mediante una financiación independiente, entre otras.
Tal y como afirman los autores, tales cambios deberían facilitarse a nivel de la UE para afianzar la armonización y el acceso igualitario a la información, y permitirían así, a usuarios y pacientes, el poder tomar decisiones bien informadas, fortaleciendo a su vez la confianza entre los profesionales de la salud, los usuarios y los pacientes. Además, facilitaría una mayor eficacia, seguridad e independencia en la formación y la práctica, y mejoraría las relaciones entre la industria farmacéutica y la comunidad médica.
Se puede acceder al informe desde la página Web de Mental Health Europe, o bien directamente a partir del siguiente enlace: