Abordar las necesidades de salud mental y apoyo psicológico de la comunidad educativa: una medida esencial para proteger la salud en las aulas

El absentismo escolar reduce los resultados educativos; el estrés y el impacto emocional de la enfermedad puede incrementar la tensión en el hogar y producir abandono escolar; en los centros educativos, aumenta la estigmatización y discriminación de los niños que padecen o han padecido la enfermedad del COVID-19, y se produce un incremento de las situaciones de violencia y maltrato, especialmente contra los grupos más vulnerables.

Estos son algunos de los impactos potenciales de un brote epidémico sobre la educación, puestos de relieve en una nueva guía elaborada por UNICEF, a través de la cual pone de relieve el papel clave que desempeña el sector educativo en la recuperación de la crisis del COVID-19 y resalta la importancia de proteger el derecho a la salud para garantizar así el derecho a la educación.

En este sentido, tal y como señala el documento, para que la escuela «pueda recuperar su papel de desarrollo cultural, científico y social, de transmisora del conocimiento, de compensación social y de entorno seguro de aprendizaje, relación y juego para millones de estudiantes», debe afrontar con determinación los retos de seguridad que presenta la apertura de los centros educativos. 

Para ello, subraya la necesidad de cumplir una serie de principios básicos que pueden contribuir a mejorar la seguridad de estudiantes, docentes y personal de administración en los centros educativos y ayudará a frenar la transmisión de la enfermedad, recordando que “el esfuerzo no acaba una vez que reabre el centro, sino que es necesario mantenerlo mientras exista el riesgo de expansión del virus”.

UNICEF recoge en su texto una serie de medidas para la implementación de los principios de funcionamiento seguro, entre ellas las siguientes:

• Los centros educativos van a necesitar un apoyo especial por parte de las autoridades educativas para poder abordar las necesidades de salud mental y apoyo psicológico y social de la comunidad educativa en su conjunto.

En este punto expone la relevancia de establecer un clima de comunicación y confianza que permita que los estudiantes, docentes y familias hagan preguntas y compartan sus inquietudes, difundir programas dirigidos específicamente a los/as docentes y al personal laboral de los centros educativos para cuidar de su propio bienestar y que puedan ejercer de modelo y guía para alumnado y familias, establecer cauces por los que los profesionales de salud de la escuela, los coordinadores de protección y bienestar u otros profesionales del ámbito educativo, sanitario o de los servicios sociales, puedan identificar y ayudar a los estudiantes y a los empleados que muestren síntomas de estar sufriendo el impacto psicológico y social de la pandemia, y revisar los protocolos de salud y seguridad laboral en el trabajo que puedan afectar a personal docente y PAS mientras dure la crisis por COVID-19.

• Debe producirse un refuerzo de los recursos y estrategias dirigidos a las poblaciones previamente consideradas vulnerables y a las que puedan haber incrementado su nivel de vulnerabilidad debido a esta crisis.

UNICEF considera preciso reforzar el trabajo de los equipos de orientación educativa y psicopedagógica para garantizar la continuidad de los servicios dirigidos a los estudiantes con necesidades educativas especiales. En este sentido, es esencial garantizar la atención a las necesidades específicas de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, para que puedan ser incluidos/as en las medidas de protección de la salud con garantías de éxito, valorando la adaptación de protocolos, estrategias, mensajes, espacios y tiempos y considerando su capacidad de participación y la de sus familias en las decisiones que les afecten.

Es prioritario también analizar la posible repercusión de la enfermedad -o sus efectos secundarios- sobre situaciones escolares o familiares concretas o en determinados colectivos, detectar si la pandemia ha generado nuevos grupos vulnerables o nuevos factores de vulnerabilidad, implementar un plan de identificación de necesidades educativas especiales al inicio del curso escolar, adaptadas a la nueva situación, emprender un programa de educación acelerada, flexible y adecuado en función de la edad, ejecutado en un breve marco temporal, con el objetivo de dar acceso a la educación a niños/as y jóvenes desfavorecidos, sin escolarizar o que sobrepasen la edad correspondiente a su nivel educativo, etc.

Una medida señalada por UNICEF es la de reforzar la figura de un coordinador de protección y bienestar para tomar medidas específicas de protección para niñas, niños y adolescentes en riesgo de explotación, abuso sexual y maltrato en su hogar, en la escuela y en la comunidad, atendiendo a las dinámicas cambiantes del riesgo que plantea la COVID-19.

Se puede acceder a la guía completa desde la página Web de UNICEF o bien directamente a través del siguiente enlace:

COVID-19: proteger la salud en las aulas. Principios básicos para asegurar el derecho a la salud al reabrir los centros educativos