Los sistemas de salud mental en toda Europa deben reformarse para adoptar un enfoque basado en los Derechos Humanos que sea compatible con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y que respete la ética médica y los derechos humanos de las personas afectadas, incluidos de su Derecho a la atención médica sobre la base del consentimiento libre e informado.
Esta es una de las recomendaciones recogidas en una Resolución expuesta por el Consejo de Europa -tras debate de la Asamblea Parlamentaria del pasado 26 de junio-, a través de la cual se apela a la supresión de la coerción en salud mental y la necesidad de adoptar un enfoque basado en los Derechos Humanos.
Tal y como señala el texto, en toda Europa, hay un número creciente de personas con problemas de salud mental o discapacidades psicológicas y sociales que están sujetas a medidas coercitivas, como el ingreso y el tratamiento involuntarios.
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El incremento en el uso de estas medidas en entornos de salud mental se debe, en palabras de la Asamblea, a una “cultura de confinamiento que se centra y se basa en la coerción para ‘controlar’ y ‘tratar’ a las personas con problemas de salud mental que se consideran potencialmente «peligrosas» para ellas mismas o para otras”. Así, a pesar de la falta de evidencia empírica sobre la relación entre las condiciones de salud mental y la violencia, y sobre la eficacia de las medidas coercitivas para evitar daños a otros y/o a sí mismos/as, la noción de riesgo de daño sigue siendo un argumento importante utilizado por los Estados miembros del Consejo de Europa, para justificar estas medidas.
A este respecto, el Consejo de Europa se muestra tajante al afirmar que la confianza en tales medidas coercitivas conduce no sólo a privaciones arbitrarias de la libertad sino que, “al ser un tratamiento diferencial injustificado, también viola la prohibición de la discriminación”. A esto se añade el hecho de que la aplicación de medidas coercitivas se traduce en experiencias abrumadoramente negativas que incluyen dolor, trauma y miedo. Los «tratamientos» involuntarios administrados contra la voluntad de los pacientes, como la medicación forzada y las descargas eléctricas forzadas, se perciben como particularmente traumáticos, y plantean importantes problemas éticos, dado que pueden ser perjudiciales para la salud y potencialmente irreversibles.
Asimismo, el documento advierte de la creación de un círculo vicioso que es necesario romper: la coerción tiene un efecto disuasorio sobre las personas con problemas de salud mental que evitan o retrasan el contacto con los sistemas de salud por temor a perder su dignidad y autonomía, lo que, en última instancia, conlleva resultados negativos para la salud, como angustia y crisis intensas que amenazan la vida, y esto, a su vez, conduce a una mayor coerción.
Por ello, insta a reformar los sistemas de salud mental en toda Europa, con el fin de adoptar un enfoque basado en los Derechos Humanos que sea compatible con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y que respete la ética médica y los Derechos Humanos de las personas afectadas, incluidos de su Derecho a la atención médica sobre la base del consentimiento libre e informado.
Para iniciar y sostener el tan necesario cambio en las políticas de salud mental, la Asamblea Parlamentaria insta a los Estados miembros a “comenzar de inmediato transición a la abolición de las prácticas coercitivas en entornos de salud mental”, desarrollando una serie de acciones tales como el diseño de una hoja de ruta para reducir radicalmente el recurso a medidas coercitivas, la creación de servicios de apoyo efectivos y accesibles para personas que experimentan crisis y angustia emocional (incluidos espacios seguros y de apoyo para hablar sobre el suicidio y la autolesión), la implementación de recursos para la investigación sobre medidas no coercitivas (incluidas las respuestas basadas en la comunidad), la prevención e identificación temprana de problemas de salud mental e intervención temprana no coercitiva -especialmente en niños y jóvenes-, y la lucha contra la estigmatización y los estereotipos contra personas que presentan estas problemáticas, entre otras.
Fuente: Consejo de Europa