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“Es importante abandonar los planteamientos tradicionales basados en la asistencia y en la recuperación de las capacidades funcionales del modelo biomédico, por otros basados en un modelo biopsicosocial que integre los distintos niveles en los que se manifiesta la discapacidad (biológico, personal y social) afectando profundamente a la inclusión de la persona en la sociedad y a su derecho a la igualdad de oportunidades”.
Así lo afirma la Delegación del CERMI Estatal para los Derechos Humanos y para la Convención de la ONU, en su nuevo informe sobre Derechos Humanos y Discapacidad correspondiente al año 2018, un documento mediante el cual se analizan los hechos más significativos en materia de DDHH, a la luz de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad-CDPD (Tratado que forma parte del ordenamiento jurídico español y, por tanto, es de obligado cumplimiento).
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A lo largo de sus páginas se realiza un completo análisis de las vulneraciones de los artículos de la CDPD en nuestro país, incluyendo, para ello, la descripción de casos reales y sentencias que testifican el cumplimiento o no de la legislación, y se incorporan una serie de propuestas de mejora, que incluyen los ámbitos en los que se debe avanzar.
A continuación, presentamos las principales conclusiones del informe:
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Nuestro ordenamiento jurídico continúa alejado de los mandatos de la Convención, así lo evidencian las numerosas vulneraciones a los preceptos del artículo 4, ya que no se adoptan todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención, o no se considera la modificación o derogación de leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad.
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La eficacia de los compromisos de los Tratados y los Dictámenes de Derechos Humanos ratificados por España, sigue siendo tibia o inexistente. Asimismo, España es el único país de Europa en el que no existe un Plan de Derechos Humanos.
Subrayando la trascendencia de erradicar las prácticas discriminatorias hacia las personas con discapacidad, el informe se hace hecho eco de casos en los que se ha comprometido el ejercicio de la igualdad. Situaciones que resultan increíbles como expulsar a personas con discapacidad de un acto público o impedir el acceso a un bar a personas con movilidad reducida, que se suman a otras más flagrantes como normas de limitación de servicios sociales a personas con discapacidad por motivos de edad, e incluso delitos de odio a este colectivo, resultando sobrecogedor el incremento de casos de palizas, agresiones, abusos sexuales y vejaciones. En esta línea, el documento manifiesta “somos víctimas desprotegidas que además encontramos muros en la justicia cuando buscamos reparación”.
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La accesibilidad universal sigue siendo el gran fracaso de las políticas públicas de nuestro país. El informe considera “vergonzante” la falta de respeto a la accesibilidad que existe, pese a ser ésta un elemento esencial para garantizar el disfrute de todos los derechos en condiciones de igualdad para la ciudadanía con discapacidad.
Concretamente, España ignora las dimensiones de la accesibilidad que afectan a las personas con discapacidad psicológica y social. El informe afirma que una de las múltiples barreras que enfrentan las personas con problemas de salud mental es la falta de conciencia generalizada entorno a la existencia de barreras invisibles alzadas, principalmente, a causa del estigma. Por tanto, alerta, “no se están llevando a cabo los ajustes necesarios en aquellos casos en que la discapacidad no es física, sino psicológica y social (salud mental)”.
A este respecto, advierte del papel que juegan el estigma, las actitudes con respecto a las personas con discapacidad psicológica y social, el ambiente físico en el que se hallen inmersas o los sistemas y las políticas a las que se ven sometidas, contribuyendo todos estos factores “a mejorar o empeorar el rendimiento real de la persona para actuar en uno u otro sentido y condicionando la existencia de conductas discriminatorias”.
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La implementación de la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud, continúa en suspenso. Según señalan los autores del informe, uno de los principales problemas lo constituye la falta de un modelo comunitario de atención a la salud mental, una carencia que, a su juicio, “se deriva de la falta de voluntad política para crear la red de recursos y dispositivos de apoyo para que ese sistema sea una realidad efectiva”. En línea con el punto anterior, el informe subraya que nuestro país presenta carencias en la atención sanitaria a las personas con discapacidad psicológica y social. Los problemas de salud mental, por acción y efecto del estigma, “continúan constituyendo una justificación muy extendida para desproveer a la persona de sus derechos”. El acceso a la sanidad de las personas con discapacidad psicológica y social se ve perjudicado, incluso cuando se trata del padecimiento de dolencias físicas: “al considerarse como meros síntomas de su malestar psíquico se han llegado a producir graves consecuencias en su estado de salud e, incluso, fallecimientos”.
En este punto, el documento pone de relieve las conclusiones del estudio PsicAP, cuyos datos revelan que los y las pacientes de Atención Primaria con trastornos de depresión y ansiedad que siguen un tratamiento psicológico se recuperan en un 70% como media, frente al 25,8% de los que siguen el tratamiento habitual de la consulta de medicina de familia, generalmente con psicofármacos. A esto, añade hay que añadir que las personas atendidas por profesionales de Psicología se recuperan de sus síntomas, como media, cuatro veces más que aquellos tratados con psicofármacos.
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A pesar de estas conclusiones, el informe denuncia las “situaciones absolutamente insostenibles derivadas de la falta de recursos terapéuticos”, especialmente en España, donde establece que no se ha avanzado lo suficiente en promoción de la autonomía desde una perspectiva de DDHH, de modo que, cuando se produce un agravamiento del estado de salud de la persona, aún se sigue recurriendo a medidas restrictivas de la libertad basadas en la intervención, fundamentadas en los criterios de “ser un riesgo para sí misma o para los demás” o “necesidad de tratamiento”, propias del modelo biomédico, sin valorar previamente la aplicación de alternativas menos lesivas de los derechos de las personas, como la atención en unidades abiertas basadas en un modelo de Atención Comunitaria en Salud Mental.
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Bajo la premisa de que “una atención basada en unos mínimos estándares de calidad, requiere profesionales suficientes y formados para atender a cada persona de manera individualizada, conforme a sus específicas necesidades y a una amplia red de dispositivos comunitarios acorde con las ratios poblacionales”, el informe apunta a la falta de recursos terapéuticos como uno de los déficits más alarmantes en nuestro país, siendo la carencia generalizada de profesionales de la Psicología en el Sistema Nacional de Salud la punta del iceberg de este problema.
Tal y como señala, estos profesionales, junto con los de psiquiatría, enfermería, trabajo y educación social, “constituyen elementos imprescindibles para una atención real en la comunidad”.
Afirmando que “en España el abuso de psicofármacos es 4.2 veces mayor que, por ejemplo, en Bélgica”, y que, “en cambio, estamos a la cola de Europa en psicólogos clínicos”, el informe recomienda que en lugar de sobremedicar, se debería incidir más en la terapia, proponiendo para ello, entre otros recursos, “dotar a los centros sanitarios de psicólogos clínicos”. De esta forma, indica, “se ofrecería una atención más individualizada y eficaz para lograr la rehabilitación de la persona, pudiendo evitar la medicación en los casos más leves o complementarla de manera más eficiente en los casos más graves”.
Igualmente, considera trascendental promover la concienciación sobre cómo se garantiza en la práctica el Derecho al consentimiento informado de todos los pacientes en igualdad de condiciones, facilitando los apoyos que sean precisos en cada momento para que las personas con problemas de salud mental puedan adoptar sus decisiones de manera autónoma y conforme a sus preferencias, de acuerdo con su dignidad personal.
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De acuerdo con las conclusiones de las observaciones realizadas por el Comité de los Derechos del Niño (organismo internacional, que el pasado mes de enero examinó al Estado español sobre el cumplimiento de la Convención Internacional de los Derechos del Niño), este último año ha quedado patente la desprotección de la infancia con discapacidad. Uno de los problemas importantes que afectan a los niños y niñas con discapacidad, si bien en realidad afecta a toda la infancia, es la inexistencia de un Derecho Universal gratuito a la atención temprana.
En este sentido, considera fundamental la aprobación de una Ley Orgánica de Universalización de la Atención Temprana y el Apoyo al Desarrollo Infantil, que sirva para diseñar protocolos de actuación, que se adecúe a las obligaciones legales tanto nacionales como internacionales, y que establezca unos servicios mínimos en todo el Estado español.
España sigue sin regular la especialidad de psiquiatría infanto-juvenil. Junto con Bulgaria, constituye el único país de la Unión Europea que no ha regulado esta especialidad, para abordar de manera específica los problemas de salud mental de niñas, niños y adolescentes, incumpliendo así la Directiva relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales e “ignorando a la comunidad científica y a las familias”.
En esta línea, indica que la problemática de la salud mental en la infancia y adolescencia se manifiesta en diferentes ámbitos del entorno (familiar, sanitario, escolar o social), por lo que considera que la variedad de servicios y recursos que atienden a los niños, niñas y adolescentes o la diversidad de contextos en los que participan, “pueden erigirse como promotores de una salud mental positiva y detectores de problemas susceptibles de ser diagnosticados y tratados”.
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La inversión en salud mental en la etapa infantil y adolescente repercute en el bienestar general de las personas y del conjunto de la sociedad. Se estima que en España la prevalencia de problemas de salud mental en la población infantil y adolescente abarca entre un 10% y un 20%, y más del 70% de todos los problemas de salud mental comienzan antes de los 18 años.
Asimismo, se observa que las problemáticas que se detectan son cada vez más serias y surgen a edades más tempranas, por lo que el dato es altamente preocupante, más aún cuando se une al de aumento de los suicidios en preadolescentes en edad escolar, convirtiéndose casi en la principal causa de muerte en preadolescentes en edad escolar (10 a 14 años), tras los accidentes de tráfico.
Ante estas situaciones, uno de los principales problemas expuestos en el informe, es que “los centros e instituciones sanitarias ponen impedimentos para que este sector de la población no acceda a servicios de Psicología especializados, y adolecen de carencias graves como la falta de recursos y de profesionales específicamente formados (no detección y retraso en el diagnóstico)”. Por otro lado, las instituciones educativas actúan de manera reactiva y no preventiva en lo que a la salud mental infanto-juvenil se refiere. La realidad actual muestra que es más difícil acceder a los servicios de Psicología que a cualquier otra especialidad sanitaria.
Se puede acceder al informe desde la página Web de FEAFES, o bien directamente a través del siguiente enlace:
Informe sobre Derechos Humanos y Discapacidad 2018
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