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Alemania ha publicado un proyecto de ley que pretende prohibir la «terapia de conversión sexual” en dicho país. De salir adelante la iniciativa, la aplicación de esta práctica podría conllevar multas e incluso hasta un año de prisión.
Como ya se ha comentado a través de Infocop, durante los últimos años diversas asociaciones y organizaciones a nivel mundial, como la Asociación Mundial de Psiquiatría o la Asociación Americana de Psicología, se han posicionado en contra de la aplicación de este tipo de prácticas que persiguen “corregir” la orientación sexual de los individuos o su identidad de género. El gobierno de EE.UU. fue pionero en realizar un informe sobre la evidencia científica de este tipo de prácticas y prohibir su aplicación. Según concluía dicho informe, la terapia de conversión sexual no sólo no tiene respaldo científico sino que puede ocasionar serios riesgos para la salud y el bienestar psicológico (como agravar la ansiedad, la depresión y aumentar el riesgo de suicidio, entre otros), considerándose por los expertos una “práctica dañina” (más información aquí).
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A pesar de estas recomendaciones, la terapia de conversión sexual se continúa aplicando en Europa. Un ejemplo de ello es la reciente noticia que saltó a los medios sobre una “terapia de inanición” ofrecida en una Iglesia en Liverpool, al norte de Inglaterra, con el fin de conseguir curar a personas homosexuales (ver aquí).
En nuestro país, se han realizado algunos avances legislativos en esta dirección. Tal es el caso de la Ley de Protección Integral contra la LGTBfobia de la Comunidad de Madrid, que en su artículo 70.4c recoge como infracción muy grave “la promoción y realización de terapias de aversión o conversión con la finalidad de modificar la orientación sexual o identidad de género de una persona. Para la comisión de esta infracción será irrelevante el consentimiento prestado por la persona sometida a tales terapias”. De esta manera, dentro de la Comunidad de Madrid la realización de este tipo de prácticas puede conllevar multas de más de 45.000 euros y el cierre de los centros que las ofrecen. No obstante, según señalan distintos medios, se necesita un marco legislativo que prohíba esta práctica en toda la Unión Europea de manera que haya una coherencia legislativa a nivel europeo.
Fuente:
BBC
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