“Cuidar al cuidador en materia de Salud Mental en el caso de los profesionales sanitarios, así como atender las necesidades emergentes en materia Infanto-Juvenil, y velar por los pacientes COVID-19 y familiares con dificultades para elaborar el duelo”.
Estos son los principales objetivos del nuevo Plan de Respuesta Asistencial prioritaria en Salud Mental en la post-crisis por coronavirus, elaborado por la Comunidad de Madrid a través de la Oficina Regional de Salud Mental y Adicciones de la Consejería de Sanidad, con el propósito de canalizar las posibles necesidades derivadas de la pandemia, reforzando para ello la atención a los tres principales grupos de riesgo en dos aspectos fundamentales derivados del COVID-19: el trauma psíquico (riesgo de estrés postraumático), el duelo patológico o complejo, así como el empeoramiento o inicio de trastorno mental grave en población infanto-juvenil.
Tal y como señala la Consejería de Sanidad madrileña en nota de prensa, las líneas de trabajo van encaminadas, principalmente, a dos sectores de la población, “los profesionales sanitarios, que han vivido una mayor carga emocional durante la crisis, así como los pacientes COVID-19 y familiares que no hayan podido cerrar el duelo ante la pérdida de un ser querido”.
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Para tal fin, el plan contempla la contratación de 36 psicólogos clínicos, 23 psiquiatras, 2 diplomados universitarios en enfermería y un 1 terapeuta ocupacional. Con este personal se prevé reforzar las plantillas de las diferentes unidades de Salud Mental de los hospitales del Servicio Madrileño de Salud. Igualmente, establece la creación de un nuevo Hospital de Día Infanto-Juvenil en el Hospital La Paz, que estará atendido por dos psicólogos clínicos, un psiquiatra, dos diplomados de enfermería y un terapeuta ocupacional.
Según ha adelantado la Consejería, esta medida -que contará con un presupuesto total de 3.379.444 euros-, se suma a otras que ya se han puesto en marcha desde que comenzara la crisis sanitaria, por parte de la Oficina Regional de Salud Mental y Adicciones de la Comunidad de Madrid, en las que se establecían sesiones individuales y grupales reducidas de atención psicológica, atención psicológica a distancia, así como sesiones de entrenamiento y regulación emocional que promovían el autocuidado del profesional.
Asimismo, supone la materialización de una de las peticiones que, en los últimos meses, se han venido haciendo desde el Consejo General de la Psicología: la necesidad de reforzar nuestro sistema sanitario con más profesionales de la Psicología de cara a garantizar la atención psicológica que la población española va a precisar tanto a corto como a largo plazo. A este respecto, a finales del pasado mes de abril, el COP ya emitió un comunicado a través del cual alertaba de la elevada cifra de españoles en riesgo de presentar problemas psicológicos derivados de la pandemia de COVID-19 y ponía de relieve la trascendencia de definir y reforzar todos aquellos dispositivos y sistemas que podrían dar respuesta a las necesidades de la población en materia de salud mental y garantizar, como mínimo, la atención a los grupos más vulnerables y sometidos a las situaciones de riesgo.
Entre las acciones propuestas por la organización colegial en este sentido, se encontraba la de reforzar las redes de Salud Mental de todas y cada una de la Comunidades Autónomas (teniendo en cuenta que en situaciones normales, estas redes se encuentran, ya de por sí, sobrecargadas y cuentan con tiempos de espera muy prolongados y ratios de profesionales -especialmente de especialistas en Psicología Clínica-, muy por debajo de la media de la OCDE), evitando así que los recursos se pudieran ver desbordados ante un posible crecimiento de la demanda asistencial que se prevé.
La aprobación de este Plan supone un paso importante en el reconocimiento del rol clave de la Psicología en nuestro Sistema Sanitario, especialmente, dada la situación actual y ante el más que previsible incremento de las necesidades de salud mental en la población.
Otras de las medidas propuestas por el COP y que redundaría en una mayor mejora en este ámbito, es el esencial refuerzo en el nivel de atención primaria con psicólogos clínicos, que acerquen la intervención al lugar de residencia del ciudadano y que prioricen las intervenciones grupales para incrementar su eficiencia. La implementación de psicólogos clínicos en este primer nivel asistencial de la salud supondría la prevención de la sobrecarga en los niveles de atención especializada, que según se prevé, se podría hacer insostenible, con más de diez millones de españoles con necesidad de intervención psicológica.