De acuerdo con la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud (SNS), la Confederación señala que, en nuestro país, el 9% de la población tiene algún tipo de trastorno mental y el 15% lo tendrá a lo largo de su vida. A este respecto, y tal y como prevé la OMS, indica que, en 2030, la salud mental será el primer problema de salud pública en el mundo, una situación en la cual ha contribuido -y está contribuyendo- notablemente la pandemia del COVID-19, registrándose en la actualidad un incremento alarmante de trastornos depresivos, de ansiedad, alimentarios, del sueño, fobias, etc., así como de casos de suicidio.
Teniendo en cuenta lo anterior, el desarrollo de políticas públicas eficientes con relación a la salud mental debe ser prioritario. En este sentido, SALUD MENTAL ESPAÑA propone en su informe 12 acciones concretas y específicas para que el Gobierno pueda tener en cuenta las prioridades y necesidades del colectivo:
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Promover la salud mental, la prevención, la detección precoz y la intervención temprana, aumentando la inversión económica destinada a ello.
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Mejorar y reforzar urgentemente políticas activas de empleo para personas con problemas de salud mental.
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Promocionar la salud mental y la detección temprana de problemas de salud mental en escuelas e institutos. Invertir en salud mental infanto-juvenil.
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Fortalecer el principio de igualdad entre mujeres y hombres e incorporarlo en la práctica profesional y en políticas públicas y normativas.
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Fortalecer la democracia a través de medidas que faciliten la participación de las personas en todos los ámbitos.
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Desarrollar políticas públicas enfocadas a la promoción de la autonomía y la vida independiente de las personas con trastorno mental.
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Sistemas de apoyo, información y formación a las familias.
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Elaborar protocolos para que las personas con problemas de salud mental puedan acceder a la justicia.
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Impedir que las personas con problemas de salud mental vivan en prisión.
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Desarrollar y dotar de inversión un plan de prevención del suicidio.
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Dotar de recursos de atención a la salud mental adaptados a necesidades de las personas migrantes.
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Invertir en investigaciones, y difundir los avances, centrándose en la prevención y promoción de la salud mental y en respuestas a la coerción.
A continuación, recogemos los principales puntos recogidos en el informe:
Delitos de odio
Según datos de la Agencia Europea para los Derechos Fundamentales (2017), nueve de cada diez personas que han sufrido agresiones en Europa por motivos de odio o discriminación no denuncian los hechos.
El informe pone de manifiesto que las personas con problemas de salud mental suelen ser discriminadas al asociarse el diagnóstico con conductas violentas, un sesgo que se refuerza por la acción de los medios de comunicación y que contrasta con la realidad: diversos estudios evidencian que estas personas suelen ser con más frecuencia víctimas que victimarias. Entre los delitos más frecuentes sufridos, se encuentran las amenazas, el acoso, el maltrato en la infancia o adolescencia, la discriminación, el bullying, la violencia en la pareja, la violencia sexual, el hecho de presenciar violencia familiar, el robo o el acoso laboral.
Para evitar y prevenir esta grave situación, el informe expone una serie de recomendaciones, tales como sensibilizar a la sociedad, evitar las explicaciones deterministas o simplificadas sobre la relación entre trastorno mental y victimización, ampliar la capacidad de acción de las entidades y servicios en materia de delitos de odio, crear y garantizar una cobertura legal completa, eficaz y específica para la protección del colectivo de personas con discapacidad, formar a los profesionales de la salud para que actúen teniendo en cuenta nuevas formas de victimización (como el ciberbullying, y victimizaciones que tradicionalmente han pasado más desapercibidas, como el acoso escolar o laboral), y promover la formación, concienciación y sensibilización de los y las profesionales (principalmente de los ámbitos sanitario, policial y jurídico) para atender correctamente a la víctima, entre otras.
El sesgo de género del sistema sanitario
El informe señala que, dentro del Sistema de Salud, impera el mismo enfoque androcéntrico existente en la sociedad en la que está inserto y que genera un sesgo en profesionales de salud: “cuando son mujeres las que llegan a sus consultas médicas y, si además se trata de salud mental, el problema se multiplica en un contexto de coerción en donde el género adopta una dimensión mayor y prevalecen estereotipos nocivos y toda forma de discriminación contra las mujeres”.
En este contexto, el texto expone las diferentes formas de violencia que pueden sufrir las mujeres, entre ellas, la sobremedicación del embarazo, el parto o la menopausia, la desatención de problemas de salud cuyos síntomas se atribuyen a “cuestiones nerviosas”, el sobrediagnóstico de trastornos mentales a las mujeres -identificando con patologías malestares que en la mayoría de las ocasiones tienen que ver con las cargas asociadas a los estereotipos de género-, y diferentes tipos de violencia, como la violencia machista. De este modo, la violencia estructural de la sociedad adopta la forma de diagnóstico, «generando una etiqueta que oculta, no resolviendo el verdadero trasfondo del problema y relegando a la mujer a un papel de sujeto pasivo o víctima».
La práctica no erradicada de las esterilizaciones forzosas
Aún hoy día, muchas mujeres son sometidas a esta intervención sin su consentimiento y careciendo incluso de información sobre la práctica que se les va a realizar. Igualmente, se siguen aplicando métodos anticonceptivos de manera forzosa en centros residenciales, instituciones y hospitales de salud mental, como condición para permanecer en el recurso, un hecho que no se denuncia “por miedo a represalias o a perder los servicios del centro”.
SALUD MENTAL ESPAÑA recuerda que la regulación de esta práctica en nuestro ordenamiento jurídico constituye una vulneración de Derechos Humanos: en España no se ha analizado el impacto de la esterilización en la integridad personal de las mujeres, ni se han considerado los mecanismos de reparación que podrían aplicarse por el daño producido. A esto se añade la falta de denuncias, por temor, por estar legalmente incapacitadas, por desconocer que han sido sometidas a dicha intervención o porque hacerlo supone enfrentarse a su entorno familiar, que les provee de afecto, atención y cuidados.
Abolir la normativa que permite la práctica de las esterilizaciones forzosas y poner medios para evitar la aplicación del aborto coercitivo, es una acción necesaria expuesta en este informe.
No hay datos sobre salud mental materna ni recursos de prevención y tratamiento
El embarazo, el parto y el postparto, junto con la crianza en los primeros años, implican una inversión física y emocional que puede comprometer la salud mental de la mujer. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la depresión posparto, afecta a 1 de cada 10 madres en países industrializados, el doble en países en desarrollo.
Sin embargo, las construcciones culturales y sociales estigmatizan a la madre que presenta lo que parece un desajuste con respecto a lo que se espera de ella y, en consecuencia, “actúan como elementos disuasorios a la hora de pedir ayuda”.
A diferencia de otros países europeos, en el nuestro todavía queda mucho camino por recorrer en cuanto a prevención y atención de la salud mental materna. España no cuenta con datos sobre salud mental materna ni recursos que promuevan la prevención y su adecuado tratamiento. En palabras de la Confederación, “los problemas de salud mental en el embarazo, el parto y el puerperio se viven en soledad, en un silencio que se convierte en drama ocultado a los ojos del mundo que puede llegar, incluso, al suicidio”.
Ante esto, considera fundamental la prevención, siendo el primer paso la concienciación social y la visibilización, detectando desde atención primaria los posibles factores de riesgo (falta de apoyo social, soledad…) de que una mujer pueda desarrollar problemas emocionales, depresión o ansiedad, tanto en el embarazo como en el posparto.
España sigue sin contar con una especialidad de atención a salud mental infanto-juvenil
Tal y como advierte SALUD MENTAL ESPAÑA en su informe, la falta de atención a la salud mental de niñas, niños y adolescentes socava la prevención y compromete el desarrollo sostenible.
España, junto con Bulgaria, son los dos únicos países de la Unión Europea sin las especialidades de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia ni de Psicología de la Infancia y la Adolescencia, con el impacto negativo que eso tiene en la salud mental de los menores: malos diagnósticos y tratamientos inadecuados, que desembocan en niños y niñas con depresión, ansiedad y otros problemas añadidos (rechazo social, fracaso escolar, etc.).
A este respecto, a finales de 2018, el Ministerio de Sanidad ya adelantó que se contaba con información documentada sobre la creación de ocho especialidades, entre las que se encuentran la Psicología de la Infancia y de la Adolescencia y la Psiquiatría de la Infancia y de la Adolescencia.
La creación de ambas especialidades supondría un gran avance en el reconocimiento de la importancia de la salud mental infanto-juvenil, un objetivo que se ha venido impulsando en los últimos años por parte del Consejo General de la Psicología, así como desde otras instituciones (entre ellas, la Red de Investigación interdisciplinar para la Promoción de la salud mental y bienestar Emocional en los jóvenes-Red PROEM), y al que se han ido sumando algunos grupos parlamentarios en el Congreso a través Proposiciones No de Ley relativas a la mejora de la atención y promoción de la salud y bienestar emocional de niños y jóvenes, y a la detección temprana de problemas emocionales en la infancia y la adolescencia.
SALUD MENTAL ESPAÑA insta a fomentar la Educación emocional infanto-juvenil, implementando una asignatura de «habilidades emocionales» en todos los centros educativos de España y elaborando campañas para promover la salud mental en positivo en las aulas.
Prevención del suicidio
De acuerdo con los últimos datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), anualmente en España 3.569 personas se quitan la vida. Es decir, 10 personas al día fallecen por este motivo en nuestro país, el 75% hombres, siendo la primera causa de muerte no natural en nuestro país desde los últimos 11 años. Este grave problema de salud pública, definido así por la OMS, sigue siendo una realidad silenciada, estigmatizante y rodeada de mitos.
Según la OMS, entre el 65% y el 95% de los casos de suicidio están muy relacionados con los problemas de salud mental. No obstante, también afirma que el suicidio es prevenible: puede prevenirse mediante intervenciones precoces, basadas en la evidencia y que suelen ser de bajo coste económico, destacando la necesidad de una estrategia integral multisectorial de prevención del suicidio para que las respuestas nacionales sean eficaces.
En la misma línea que la OMS y manifestando que “la conducta suicida se puede predecir y, por tanto también prevenir”, desde SALUD MENTAL ESPAÑA se recomienda llevar a cabo un abordaje transversal del suicidio para mitigar sus efectos (prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y continuidad de cuidados de los trastornos mentales), defendiendo para tal fin el desarrollo de políticas de prevención en materia de salud pública que incluyan planes de prevención eficaces, dotados de los recursos económicos, materiales y humanos necesarios.
Asimismo, recomienda crear espacios y/o servicios atendidos por profesionales con la formación precisa, en los que las personas en esta situación puedan expresarse sin sentirse juzgadas, emprender campañas de concienciación y sensibilización a todos los niveles, acabar con el tabú y el estigma del suicidio, reforzar el sistema público de salud para que, cuando la persona lo necesite, reciba una atención eficaz y continuada en el tiempo, incorporando terapias de grupo más atención por parte de profesionales de la Psicología y la Psiquiatría, atenciones más frecuentes y con menos tiempos de espera (en este punto el informe recoge la necesidad de valorar la provisión de psicólogos y psicólogas en Atención Primaria), dar clases sobre gestión de emociones a los niños y niñas impartidas por personal cualificado y aprobar un Plan Nacional de Prevención del Suicidio.
Precisamente en España, el Gobierno ha manifestado que la lucha contra el suicidio es “uno de los grandes retos a los que se enfrentan los sistemas sanitarios y sociales en todo el mundo”, y ha adelantado que la nueva versión de la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud (SNS), promovida desde el Ministerio de Sanidad, incluye una línea estratégica específicamente diseñada para prevenir, detectar precozmente y atender la conducta suicida.
Entre los objetivos específicos recogidos en dicha línea estratégica se encuentran: la sensibilización y mejora de la información a la población general a través de acciones de concienciación promovidas por instituciones públicas, medios de comunicación y entidades sociales dedicadas a la causa, la detección precoz y la prevención del riesgo suicida y la promoción de la elaboración de procesos asistenciales integrados de atención a las personas con riesgos suicida.
Según ha afirmado el Ejecutivo, el documento de la Estrategia se encuentra ya en una fase muy avanzada y se está trabajando para intentar llevarla al primer Consejo Interterritorial del SNS que sea posible, con el fin de que se debata y apruebe finalmente.
Adicciones sin sustancia: de la ludopatía a las nuevas tecnologías
Las apuestas y juegos de azar online constituyen un problema social creciente. De acuerdo con la Red de Atención a las Adicciones (UNAD) “la heroína causó estragos en los 80; a principios de los noventa, la cocaína asumió el relevo”, en nuestro presente actual “la próxima oleada ligada a la proliferación de operadoras online invade todos los espacios”.
Salud mental y población inmigrante
El informe denuncia que no se está prestando la debida atención a la salud mental de la población migrante, destacando la falta de una aproximación culturalmente sensible al concepto de salud mental y muchos elementos para abordar “un tema tan complejo como el de la salud mental en la población inmigrante”. En estos casos, la consideración de la cultura es clave para hacer los diagnósticos.
Protección de las personas con discapacidad que participan en investigaciones
El documento destaca la trascendencia de invertir en salud mental y que esta inversión llegue también a la investigación, la cual, afirma, “revertirá de manera positiva” tanto en la propia atención a las personas con discapacidad psicológica y social como en las políticas públicas de prevención y promoción de la salud mental. Para tal fin, el informe subraya la importancia de facilitar redes de colaboración con personas con discapacidad psicológica y social en investigaciones, garantizando sus derechos y la información constante sobre todo el proceso y sus resultados, creando alternativas que eviten la coerción.
La falta de conciencia y el estigma: barreras insalvables
Según el informe, una de las múltiples barreras que enfrentan las personas con problemas de salud mental es la falta de conciencia generalizada de la existencia de barreras invisibles. Por lo tanto, no se efectúan los ajustes necesarios en aquellos casos en que la discapacidad no es física, sino psicológica y social (provocada por un problema de salud mental).
Las barreras invisibles alzadas por el estigma impiden a las personas con problemas de salud mental ejercer sus derechos y ser incluidas en los procesos de toma de decisiones en igualdad de condiciones con las demás.
Se dan vulneraciones en el acceso a la justicia de las personas con problemas de salud mental
SALUD MENTAL ESPAÑA lamenta la falta de avances para revertir la situación actual, en la que siguen existiendo vulneraciones y sigue sin estar garantizado en todos los casos el acceso a la justicia a las personas con problemas de salud mental en igualdad de condiciones con las demás personas.
A este respecto, las personas con discapacidad psicológica y social siguen enfrentando múltiples barreras, principalmente relacionadas con el estigma. En muchas ocasiones, la reivindicación de sus derechos se identifica con «rebeldía» o “manifestación de síntomas”, lo que propicia el aumento de medidas coercitivas o farmacológicas. Esto, unido a la rigidez del sistema procesal, hace que muchas personas opten por no hacer uso de sus derechos para “no complicar más las cosas”.
Tal y como indica el informe, estas dificultades de acceso a la justicia se extienden también al ámbito penitenciario, por lo que existe un doble estigma a la hora de la reinserción social que supone para una persona tener una discapacidad psicológica y social y haber estado sometida al régimen penitenciario.
El uso y abuso de medidas de restricción de la libertad
En los contextos de privación de libertad, las contenciones mecánicas son una práctica habitual. De acuerdo con la Confederación, el uso de medidas de control y coerción en lugar de medidas terapéuticas es consecuencia de unos presupuestos en salud mental insuficientes, con equipos incompletos y una red fragmentada.
El documento subraya la necesidad de tender a la contención cero y a la progresiva reducción de los ingresos no voluntarios “en pro de otras medidas más eficaces y en consonancia con los derechos humanos”, y aboga por la incorporación de cuatro medidas terapéuticas en la cartera básica de servicios sanitarios: planes individualizados de atención, equipos de intervención familiar, apoyo domiciliario y equipos multidisciplinares (profesionales de la Psicología, Psiquiatría, Trabajo Social, Enfermería en salud mental, terapeutas…).
La asistencia personal en salud mental
El informe presenta la asistencia personal a personas con discapacidad psicológica y social como un servicio novedoso, orientado a su recuperación y a promover la vida independiente y la inclusión en la comunidad.
Según se define, esta nueva forma de apoyo comunitario pone el foco en los derechos, pasando de la atención centrada en la persona a la atención dirigida por la persona, donde ella decide cómo, dónde y cuándo necesita los apoyos necesarios para avanzar en su proyecto de vida. La asistencia personal garantiza los apoyos necesarios para tener una vida independiente, ofrece soluciones flexibles, personalizadas y adaptadas a las necesidades y expectativas de las propias personas y su efecto transformador radica en el empoderamiento de quienes reciben los apoyos.
Atiendo a lo anterior, el reto al que se enfrenta la atención de las personas con discapacidad, en general, y de las personas con discapacidad psicológica y social, en particular, es el de pasar de esquemas de asistencia institucionalizada hacia servicios que promuevan la inclusión en la comunidad.
La salud mental entre los retos clave a abordar de manera inmediata
En línea con lo que ha venido reiterando el Consejo General de la Psicología en numerosas ocasiones, SALUD MENTAL ESPAÑA denuncia la falta de profesionales de la Psicología en la sanidad pública, recordando que España está cinco veces por debajo de la media europea en provisión de profesionales de la Psicología Clínica en el Sistema público de Salud (4,3 psicólogos por cada 100.000 habitantes, mientras que la media europea es de 18). De acuerdo con un informe de 2010, de la Ponencia de estudio del Senado sobre las necesidades de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud, habría un déficit de 7.200 profesionales de la Psicología en nuestro SNS.
SALUD MENTAL ESPAÑA resalta también que el tratamiento más habitual en estos casos es el farmacológico, optando pocas veces por el psicológico al considerarlo más lento y costoso. Nada más lejos de la realidad: la evidencia señala que los tratamientos psicológicos son más eficaces y rentables.
Esta situación repercute sobre las listas de espera y aboca a las personas, aquellas que se lo pueden permitir, al sistema privado.
En opinión con la Confederación, esta realidad es aún peor en el caso de los niños y niñas con problemas de salud mental, ya que España es el único país de la Unión Europea, junto con Bulgaria, que no tiene las especialidades en Psicología de la Infancia y la Adolescencia ni de Psiquiatría Infantil y Juvenil. Esta carencia provoca peores pronósticos para la salud mental de este sector de la población, clave en lo que a prevención se refiere.
A modo de ejemplo, los datos de la Comunidad de Madrid correspondientes a 2018, revelan que las personas adultas tuvieron que esperar una media de cuatro meses para ser atendidas en consulta psicológica, y la población infantil, todo un trimestre, “enquistándose sus problemas de salud mental al no recibir terapia”.
Se puede acceder al informe desde la página Web de la CONFEDERACIÓN SALUD MENTAL ESPAÑA o bien directamente a través del siguiente enlace: